Votos particulares presentados por el GP EP

VOTO PARTICULAR DE EP A LA BASE I

1. Consideraciones previas. El collage y el maximalismo.

2. Lo que nos divide y separa

2.1. La priorización de lo identitario y territorial

2.2. La rebaja de los contenidos sociales y de igualdad

2.3. La modificación del estatus político a través del Estatuto

3. Lo que genera acuerdo y nos une

3.1. Una definición inclusiva de Euskadi que ponga en valor nuestra singularidad

3.2.  La priorización de los derechos sociales

3.3. La importancia de la igualdad entre mujeres y hombres

3.4. Proteger nuestro autogobierno

4. Nuestra propuesta

1. Consideraciones previas. El collage y el maximalismo.

El maximalismo no reside en tener un proyecto de país propio y diferenciado. Eso es algo lógico y legítimo. Y todos y cada uno de los partidos políticos tenemos ese proyecto de país propio. El maximalismo es la actitud por la cual se renuncia a conciliar las diferencias entre los diferentes proyectos. El maximalismo se da cuando las posiciones propias se convierten en irrenunciables.

En el caso que nos ocupa, esa voluntad de hacer irreconciliable la diferencia se manifiesta de forma clara en la propia forma de estructurar el contenido, en la terminología empleada y en la intencionalidad con la que se emplea. Elementos todos ellos presentes en la propuesta de Preámbulo del PNV, que conforman ese proyecto de país en el que no cabemos todos y todas. Maximalismo es la incapacidad para entender que un acuerdo en esta materia no es incorporar un par de párrafos descontextualizados del proyecto del de enfrente. No es hacer un collage más o menos acertado.

Acordar, cuando hay diferentes proyectos de país encima de la mesa, requiere asumir que el proyecto ajeno es igual de legítimo y válido que el propio. Es tener la voluntad de construir una base común que podamos compartir grupos plurales con proyectos diferentes. El maximalismo subestima los proyectos ajenos y sobrevalora el proyecto propio pensando que en él deben caber los demás, pegando un par de frases o ideas sueltas.

Elkarrekin Podemos tenemos una voluntad real de llegar a acuerdos y de mover nuestras posiciones de partida en aras a llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene unas características que son literalmente las que acordamos cuando se constituyó esta ponencia entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, con la abstención de EH Bildu:

- alcanzar "el máximo consenso posible entre diferentes" para "una mayoría amplia y plural de vascos y vascas".

- "el autogobierno entendido en un sentido amplio; contemplando, entre otros aspectos, la consolidación y extensión de los derechos sociales, económicos o culturales y la solidaridad intergeneracional".

- respetar "el ordenamiento jurídico" y "la voluntad política democráticamente expresada por la ciudadanía vasca".

Y son estos acuerdos previos, que no se reflejan en el  texto que ha sido presentado por PNV, los motivos que guían y estructuran este voto particular.

Con el objetivo de hacer de este documento un voto particular constructivo y propositivo, se organiza el mismo en torno a aquellas cuestiones que nos dividen o separan y aquellas otras que nos unen o generan acuerdo. Todo ello, sin renunciar de ningún modo a manifestar una posición propia como Elkarrekin Podemos en todos ellos.

2. Lo que nos divide y separa

2.1. La priorización de lo identitario y territorial

Un dato rápido que pone de manifiesto la descompensación de la propuesta de preámbulo presentada por el PNV es que se dedican 23 puntos (una vez descontados los antecedentes históricos) a hablar de cuestiones territoriales e identitarias frente a 9 que abordan cuestiones de índole social. Por seguir con esta comparativa, más simbólica que de otro tipo, se habla hasta en 9 ocasiones de derechos históricos y se hacen 11 alusiones al Pueblo Vasco, mientras que solo se cita 5 veces a la ciudadanía vasca. O solo se cita en una ocasión el término Euskadi, nuestra actual denominación como comunidad, frente a las 4 en que se cita Euskal Herria.

Estos datos no revelan únicamente el peso que tiene lo identitario-territorial frente a lo social, sino incluso en la propia orientación que se da a lo identitario, que, más allá de responder a una concepción nacionalista del país, responde directamente a una jeltzale. Y en este marco es difícil que nos encontremos grupos diversos con proyectos plurales de país.

Y es que de fondo, y mucho más allá del empleo de unos términos u otros, subyace una determinada visión del país, que viene a trazar una identificación: un pueblo, una nación, una lengua, una identidad, un derecho, una historia... Esto es especialmente evidente en los apartados 14 y 16 de la propuesta del PNV. Es lo que en el ámbito de la Sociología se ha venido a denominar "el nacionalismo metodológico". Una concepción que choca y que convive mal con textos entresacados de otros documentos que vienen a señalar la propia pluralidad de la sociedad vasca.

Afirmar que la ciudadanía vasca tiene elementos culturales singulares, una lengua y una cultura propias, no está reñido, ni contrapuesto, ni enfrentado a la propia pluralidad de nuestra sociedad. Somos una sociedad plural en identidades, sentimientos de pertenencia, ideologías, opciones y proyectos personales. Y este enfoque, que debe ser la base para avanzar en la definición de nuestra propia personalidad, está completamente desfigurado en la propuesta de Preámbulo.

Y es que en el texto propuesto se conforma una visión de parte incluso en los propios antecedentes históricos que se enumeran. Una vez más, no sirve un corta-pega de los contenidos ajenos descontextualizados y mutilados. El hecho de eliminar que el Estatuto de 1936 alumbró las primera instituciones comunes a Bizkaia, Gipuzkoa o Araba es inexplicable.

Como lo es que, cuando se habla del incumplimiento del actual Estatuto de Gernika, se obvien las responsabilidades del propio nacionalismo gobernante al haber aceptado durante décadas que el cumplimiento de esa Ley Orgánica quedase constantemente condicionado a pactos de otra naturaleza como investiduras de presidentes o acuerdos presupuestarios en Madrid. Y afirmar esto no supone un descargo de la indiscutible responsabilidad de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE; lo que hace es completar un relato sincero de qué ha ocurrido en los últimos 39 años.

2.2.   La rebaja de los contenidos sociales y de igualdad

En relación con los derechos sociales

Ya se ha señalado cómo entrecortar contenidos de otros documentos no permite construir un proyecto compartido. Y tampoco permite incorporar la profundidad de los planteamientos que hemos hecho desde Elkarrekin Podemos. Por ejemplo, cuando la inclusión de los derechos sociales se limita únicamente a su reconocimiento formal y no a garantizar también su ejercicio efectivo. No hacerlo de este modo limita el Estatuto a una mera declaración de intenciones. Ese no es el salto cualitativo que estamos demandando cuando decimos que los contenidos sociales deben formar parte del núcleo de los acuerdos.

Pero más aún, es que los textos en esta materia, en gran medida procedentes de nuestra propuesta, han sido mutilados de tal manera que se ha eliminado cualquier referencia a la responsabilidad que tienen las instituciones públicas para garantizar que los derechos sociales y económicos son ejercidos de una forma efectiva por la ciudadanía. De hecho, se redirige esta responsabilidad hacia aspectos tan difusos, discutibles y de corte profundamente neoliberal como la "cooperación entre las personas".

En este texto hay una ausencia manifiesta cuando ni se cita un compromiso de las instituciones con la existencia de servicios públicos universales, gratuitos y de calidad. No se citan la educación pública, la sanidad pública o el sistema de inclusión social, porque directamente no se llegan ni a enumerar los derechos sociales. En esta misma línea, es llamativo que el derecho a un empleo decente no es ni citado…

En los términos expresados en la propuesta del PNV, la renovación del pacto social así entendida, sería directamente una regresión en toda regla.

En relación con la igualdad entre mujeres y hombres

La misma lógica se ha seguido en el caso de lo relativo a la igualdad entre mujeres y hombres. Para Elkarrekin Podemos, la elaboración de un documento de estatuto es una oportunidad irrenunciable para resolver la deuda histórica que existe con la igualdad real y los derechos efectivos de las mujeres.

Un pacto que no refleja desde el mismo preámbulo de forma central y transversal el compromiso de la sociedad y las instituciones vascas con la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, con la construcción de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, es un pacto que excluye a la mitad de la ciudadanía.

Una vez más, se han entrecortado contenidos de nuestros documentos, descontextualizándolos y mutilando su profundidad. Ya de entrada, el texto propuesto por el PNV hace una omisión sobresaliente: reconocer que la desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad responde a un patrón estructural y sistémico identificado como patriarcado.

Es un mal comienzo cuando se trata de compensar la ausencia total de esta cuestión en el planteamiento del PNV  con una serie de añadidos que siguen siendo claramente insuficientes. En nuestra opinión son impropios de los avances que han realizado las mujeres, el movimiento feminista y la sociedad vasca. Son impropios de la sociedad a la que aspiramos mujeres y hombres.

Queremos igualdad real y efectiva, queremos una Euskadi libre de violencias machistas y por lo tanto en el estatuto no nos conformamos con tres párrafos declarativos generales, formales y bien intencionados. Estas  aspiraciones y el blindaje de los derechos de las mujeres deben atravesar todo el documento y deben tener un lugar y un desarrollo troncal, profundo y mucho más ambicioso desde el inicio mismo del documento.

2.3. La modificación del estatus político a través del Estatuto

A lo largo de todo el texto se utilizan de forma indistinta diferentes términos que llegan a generar una imagen por momentos confusa de quién es el sujeto político, el titular de los derechos y de la soberanía. Hay momentos en los que se asimilan los conceptos de Pueblo Vasco y Euskal Herria. Mientras que en otros, el sujeto se limita a los territorios de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

En todo caso, la cuestión de fondo está en la falta de coherencia entre afirmar que se debe respetar el actual marco jurídico y a su vez hacer un planteamiento que lo desborda completamente. De forma constante y consciente se sustituye el término "Estatuto" por el de "estatus", que a pesar de ser parecidos, son completamente diferentes. Si bien el primero hace referencia a una ley o régimen jurídico, el segundo hace referencia a la posición relativa de Euskadi en el conjunto del Estado. Es oportuno recordar que en el acuerdo de constitución de esta ponencia de autogobierno se habla expresamente de "una Reforma del Estatuto de Gernika".

En este mismo sentido, se produce otra confusión interesada entre un estatus bilateral y contar con mecanismos de blindaje bilateral de las competencias. Lo primero significa modificar la forma de insertarse Euskadi en el conjunto del Estado y lo segundo en cómo podemos articular instrumentos y medidas para evitar que se incumpla o se vacíe de contenido el nuevo Estatuto, a la luz de lo ocurrido con el de Gernika. Son cosas diferentes. De hecho, en la actualidad ya existen instrumentos bilaterales como el concierto económico sin que por ello dispongamos de un estatus bilateral con el Estado.

En este sentido, solo cabe reafirmarnos en nuestra propuesta de avanzar a través de instrumentos legales diferentes para lograr una cuestión y otra. Una Ley o pacto de claridad de inspiración canadiense para decidir sobre el estatus y un nuevo Estatuto para avanzar en el reconocimiento de nuestro carácter nacional, blindar derechos sociales o buscar instrumentos seguros para ejercer nuestro autogobierno frente a olas recentralizadoras.

3. Lo que genera acuerdo y nos une

A pesar de todas las diferencias, legítimas, entre los diferentes proyectos de país que tenemos los partidos, afirmamos con convicción y rotundidad que existe un margen sustancioso en torno al cual llegar a un acuerdo que sirva para toda una generación de vascos y vascas.

3.1.   Una definición inclusiva de Euskadi que ponga en valor nuestra singularidad

Hoy, es posible alcanzar un amplio acuerdo en torno a la definición de nuestra comunidad que no solo sea inclusiva de esa pluralidad -intrínsecamente vasca- de formas de entendernos a nosotros mismos, sino que además se relacione con naturalidad con todos aquellos aspectos singulares que compartimos.

Hoy entre la ciudadanía y los partidos vascos es posible alcanzar un amplísimo, plural y transversal acuerdo en torno a cuestiones como reconocernos como una comunidad política, nuestro carácter nacional, los vínculos de todo tipo existentes con Nafarroa o Iparralde, o nuestros elementos culturales más propios como el euskera. Y se puede hacer sin forzar nuestra pluralidad y sin desbordar el marco legal, como habíamos acordado inicialmente.

Más aún, tampoco sería difícilmente consensuable afirmar que acordar un Estatuto en estas claves es también una forma de ejercer nuestro derecho a decidir. Más aún cuando este acuerdo no solo sería ratificado por los legítimos representantes de la ciudadanía vasca, sino también directamente por esta a través de un referéndum.

Todo esto sería un evidente avance en relación a la situación actual. Para lograrlo creemos que hay varias claves que pasan por hacer un ejercicio de posibilismo entre los partidos y que pasaría, por ejemplo, por:

- centrar el sujeto político en la ciudadanía vasca, no en otro tipo de entidades.

- señalar desde el comienzo como potencialidad y límite que esa ciudadanía es plural y debe seguir siéndolo.

- reconocernos colectivamente como miembros de una comunidad política.

- describir el carácter nacional de esa comunidad política en relación con aspectos culturales, históricos, lingüísticos o sociológicos (entendemos, como ya señalamos en el documento previo, que esta fórmula tendría perfecto encaje constitucional y en la sentencia STC31/2010).

- poner en valor que tenemos una cultura propia de la que el máximo exponente sería el euskera, un patrimonio compartido por todos y todas.

- reconocer que tenemos vínculos compartidos con Nafarroa e Iparralde y la posibilidad de crear instituciones compartidas dentro del actual marco legal.

Hoy, la dificultad no está en que una mayoría reconozcamos esa realidad que llamamos Euskal Herria. Lo que está en cuestión es que esa realidad sea el sujeto político de un Estatuto. Hoy una amplísima mayoría de vascos y vascas queremos reconocer con naturalidad que existen lazos y vínculos históricos entre Euskadi y Nafarroa e Iparralde. También queremos plantear con naturalidad que puedan constituirse instituciones compartidas. De hecho, es algo que ya consta en el actual Estatuto. El problema surge cuando esa realidad existente se identifica como el sujeto de derechos y la realidad política de partida y casi de llegada. O hacerlo sin contar con la opinión de la ciudadanía de esos otros territorios.

Hoy, tampoco está en discusión para una mayoría de vascos y vascas que el euskera es nuestra lengua propia. Como no lo está que se reconozca nuestro carácter nacional. Los problemas surgen cuando ese reconocimiento se hace en una clave de identidad única que obvia que tanto en Euskadi y en Euskal Herria, hay múltiples identidades. Tenemos no solo un compromiso con reconocer la pluralidad de nuestra sociedad sino con el pluralismo, con continuar siendo plurales.

3.2.   La priorización de los derechos sociales

Las principales preocupaciones de la ciudadanía se centran en cuestiones como el empleo, su escasez y calidad, la educación y sanidad públicas, la vivienda, la inclusión social o la garantía de ingresos. Y en estas cuestiones un Estatuto es una herramienta fundamental para avanzar consolidando y mejorando ampliamente lo existente.

Cuando hablamos del blindaje de los derechos sociales estamos señalando no solo su reconocimiento formal, sino que estén en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos. El ejercicio de unos es mucho más difícil, y en ocasiones inviable, si no se tienen garantizados los otros. Existe una estrecha interconexión entre ambos.

Pero más aún, el ejercicio de los derechos sociales solo es posible si las instituciones públicas asumen un compromiso claro, real y vinculante de promoverlos. Y ese compromiso se traduce en políticas públicas, en dotaciones presupuestarias mínimas y en la garantía de una serie de servicios públicos que deben reunir las características de universalidad, gratuidad y calidad, como mínimo.

En estas claves, el desarrollo de los derechos sociales será, con mucho, la parte más extensa del futuro Estatuto. Y sin duda será la que tenga un impacto más directo en las condiciones de vida de la ciudadanía vasca.

Pero más aún, estos derechos están también relacionados con un determinado modelo económico y social que debe quedar definido en sus bases y principios en el nuevo Estatuto. En un contexto de incertidumbre global e interdependencia, asegurar que esas bases van a vincular con la generación de oportunidades para todos y todas, o con la sostenibilidad no es un capricho. Está en juego la propia cohesión social y prosperidad de nuestra sociedad. Este, y no otro, debería ser ahora mismo el verdadero objeto de ocupación y preocupación de las fuerzas políticas: cómo vamos a sentar las bases de un desarrollo humano y sostenible en nuestro territorio.

3.3. La importancia de la igualdad entre mujeres y hombres

Hoy en Euskadi, como en cualquier otra sociedad del mundo, las mujeres, la mitad de la población, viven una situación estructural de desigualdad en el ejercicio de sus derechos y libertades. Una realidad que toma una forma violenta en multitud de ocasiones. Una realidad que, desde el punto de vista del feminismo, recibe un nombre: heteropatriarcado.

Cualquier pacto social en el siglo XXI tiene que tomar esta realidad como un elemento central. No hacerlo supone seguir perpetuando esa realidad de desigualdad por más tiempo.

Esta centralidad no solo debe medirse en términos absolutos de cuánto espacio ocupa; aunque ello también suele ser relevante, tiene más que ver con estar de verdad presente desde el comienzo y en toda su profundidad. Debe cambiar la propia forma en que se plantea el pacto y el Estatuto.

Con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres ocurre como con los derechos sociales. No se trata únicamente de hacer una declaración formal o de asumir un compromiso vacío; se trata de comprometer políticas, dotaciones presupuestarias y servicios públicos puestos a disposición de dar un paso cualitativo hacia la igualdad y en la erradicación de las múltiples formas que toman las violencias machistas.

Las mujeres vascas, acompañadas por el conjunto de la sociedad, está en cabeza mundial, este también es un hecho diferencial de nuestra sociedad, en la lucha por una sociedad en la que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. Esas mujeres, esa sociedad, esperan un Estatuto a la altura de su lucha, de sus anhelos y de sus derechos. Esta es la oportunidad y no se puede dejar pasar.

Hoy Euskadi, su ciudadanía, sus instituciones, pueden dar un paso de gigante en esta materia en función de la importancia que los partidos políticos demos a esta cuestión. Está en nuestra mano y debería ser un compromiso claro desde el propio preámbulo.

3.4.   Proteger nuestro autogobierno

Existe un consenso amplio entre las fuerzas políticas en torno a la necesidad de que el nuevo Estatuto contenga los instrumentos y las herramientas precisas para que el incumplimiento y vaciamiento parcial que ha sufrido el texto de 1979 no vuelvan a repetirse.

En este mismo sentido, somos mayoría las fuerzas que señalamos la posibilidad de establecer mecanismos de diverso tipo y características, entre ellas la bilateralidad, para preservar nuestro derecho a gobernarnos a nosotros y nosotras mismas. Sin ir más lejos el concierto es un ejemplo de un mecanismo bilateral.

No obstante, es importante explicar, como ya se ha hecho anteriormente, que el hecho de que existan instrumentos bilaterales (como en la actualidad) no es sinónimo de tener una relación bilateral con el Estado.

Tener una relación bilateral con el Estado es una modificación de nuestro estatus jurídico y político que no puede realizarse a través de una reforma estatutaria, como hemos señalado en más de una ocasión. No se puede si seguimos optando por respetar el actual marco jurídico.

En este sentido, nos reafirmamos en que la mejor manera de avanzar en el ejercicio del derecho a decidir en el plano territorial es un instrumento legal diferente al de un Estatuto. Es una ley o pacto de claridad similar al que existe en Canadá y Quebec. Es una vía que permitiría avanzar en este ámbito y hacerlo sin fracturas sociales. Para ello, nos reafirmamos en nuestra propuesta de constituir dos mesas paralelas y simultáneas. Una para abordar lo relativo a este pacto de claridad y la otra para avanzar en el nuevo Estatuto.

4. Nuestra propuesta

Euskadi, la sociedad vasca, aspira a algo más que a seguir dando vueltas en torno a frustraciones. Necesitamos ilusionarnos en torno a un proyecto de país realizable y que suponga un avance sustancial en materia de convivencia, identidad y progreso social. Y esto, frente al maximalismos, requiere de un ejercicio de posibilismo.

Tenemos en nuestras manos la posibilidad de reconocernos a nosotras mismas en nuestra pluralidad y en nuestra singularidad. Hacerlo con naturalidad. Hacerlo sin dejar a nadie fuera, ni a nadie atrás. Somos plurales y compartimos una identidad propia. No hay contradicción ni tensión entre ambas afirmaciones. Nuestra identidad es plural y singular al mismo tiempo.

Lo que los partidos tenemos que acordar son los términos de la Euskadi que hoy es la compartida jurídica, política y socialmente para poder convivir todos y todas juntas y seguir mejorando la vida de la ciudadanía vasca. Y esa Euskadi no es un collage de frases cogidas de un documento y de otro. Es un proyecto compartido.

Poner el énfasis en todo lo relativo a lo social y la igualdad entre mujeres y hombres puede resultar más fructífero en aras a obtener el acuerdo que nos hemos marcado como objetivo, que seguir poniendo el peso y el énfasis en definiciones identitarias no inclusivas. Los derechos sociales y la igualdad no son un complemento; forman parte del núcleo del autogobierno. Son la principal preocupación y demanda de la ciudadanía vasca. Sería imperdonable que el maximalismo en el eje territorial-identitario frustrase un avance social y de igualdad como el que podría darse con un nuevo Estatuto.

VOTO PARTICULAR DE EP A LA BASE II

1. Consideraciones previas. La huida hacia adelante

2. Ahondando en la división y el desacuerdo

2.1. Un grave error: repartir carnés de vasquidad

2.2. El collage de los contenidos sociales, un mero añadido final

2.3. Una propuesta de título preliminar (y, por extensión, un estatuto) para hombres

2.4. El intencionado enredo de confundir "Estatuto" y "estatus"

3. Nuestra propuesta para lograr un acuerdo amplio, plural y transversal

3.1. La Euskadi del futuro: una comunidad política abierta, plural, inclusiva y singular

3.2. Una Euskadi que prioriza la creación de oportunidades y los derechos sociales

3.3. Una Euskadi en la que mujeres y hombres son efectivamente iguales

1. Consideraciones previas. La huida hacia adelante

Si en el anterior voto particular señalamos cómo la propuesta de preámbulo presentada por el PNV y apoyada por EH Bildu era un ejercicio de maximalismo, en esta ocasión la propuesta de título preliminar que presentan no puede sino identificarse más que como una huida hacia adelante.

Señalábamos cómo el maximalismo no estaba en el hecho legítimo y lógico de tener un proyecto de país, sino en la incapacidad por entender que el resto también tenemos proyectos de país propios igual de legítimos y válidos. El maximalismo reside precisamente en menospreciar los proyectos ajenos y en hacer irrenunciable el proyecto propio.

Con la propuesta de título preliminar que se traslada, lejos de haberse corregido ese maximalismo, se reafirma de forma intencionada hasta el punto de hacer más lejanas aún las posibilidades de acuerdo. A pesar de ello, aún hay margen para encontrarse, pero eso requiere de una voluntad política de que ese encuentro entre diferentes se produzca.

Y profundizar más aún la línea identitarista y de priorización de lo territorial sobre cualquier otra cuestión lleva a pensar que esa voluntad hoy no existe en los partidos que están impulsando estos planteamientos.

Nuevamente, con el objetivo de hacer de este documento un voto particular constructivo y propositivo, se organiza en torno tanto de aquellas cuestiones que nos dividen o separan como de aquellas otras que nos unen o generan acuerdo. Todo ello sin renunciar de ningún modo a manifestar una posición propia, como Elkarrekin Podemos, en cada uno.

En todo caso, prácticamente todo lo dicho en relación con el preámbulo sería de aplicación a esta propuesta de título preliminar. Por este motivo, nos centramos en las cuestiones novedosas.

2. Ahondando en la división y el desacuerdo

2.1. Un grave error. Repartir carnés de vasquidad

No es necesario en esta ocasión hacer un conteo de qué términos se emplean en el texto de PNV y Bildu en detrimento de qué otros para percibir el claro sesgo identitarista del texto que se propone. El apartado 2.8, en el que se diferencia ciudadanía y nacionalidad vasca, rescatando casi literalmente el texto de Ibarretxe de 2004, es la más clara constatación de la deriva excluyente que está tomando la entente entre PNV y EH Bildu, y su nula voluntad de sumar a ninguna fuerza política que no sea nacionalista.

Un hecho positivo, anudar los derechos a la condición de ciudadanía, entendida esta como simple vecindad administrativa, salta acto seguido por los aires al introducirse la diferenciación entre ciudadanía y nacionalidad. No se trata de a qué dé acceso esa hipotética nacionalidad; es el mero hecho de establecer diferencias entre la propia ciudadanía vasca el error fundamental. Error que, se vista como se vista, revela una cuestión simple y clara: se pretende repartir carnés de quién es vasco o no. Algo sencillamente inaceptable.

La inmensa mayoría de la ciudadanía vasca rechaza este tipo de planteamientos profundamente excluyentes y que son precisamente, como la propia referencia de donde ha sido extraída literalmente, un elemento del pasado.

Puesto este hecho junto a esa concepción omnipresente en el preámbulo que trazaba una identificación entre un pueblo, una nación, una lengua, una identidad, un derecho, una historia..., no hace sino confirmar que la propuesta, lejos de aspirar a gestionar la pluralidad evidente de la sociedad vasca, la pervierte.

2.2. El collage de los contenidos sociales, un mero añadido final

La maniobra de intentar introducir textos recortados y descontextualizados de las propuestas de Elkarrekin Podemos para dar un supuesto barniz social a las propuestas de PNV y Bildu son infructuosos, en la medida en que, una vez más, no solo se presentan de forma parcial y rebajada, sino que no llegan a hacerse presentes en el conjunto del texto. No permean ni están transversalizados en el texto que presentan. Más aún, es que no llegan ni a citarse, entre los principios generales que proponen, ningún aspecto vinculado a la igualdad, la justicia o la solidaridad...

Pero no es solo eso; es que además tiene una orientación absoluta y profundamente neoliberal el tratamiento que dan a los derechos sociales. La reiterada ausencia de referencias a los servicios públicos es reveladora en este sentido.

Más aún, el hecho de que estos capítulos (que son derechos de toda la ciudadanía) sean los últimos puntos de todo el título preliminar, incluso por detrás de lo que respecta a símbolos, "diáspora" o capitalidad, da una idea de qué lugar ocupan los derechos sociales entre las prioridades de PNV y EH Bildu.

2.3. Una propuesta de título preliminar (y, por extensión, un Estatuto) para hombres

Tradicionalmente los nacionalismos de tipo historicista han omitido la visión de género de la historización y el proyecto de país. En consecuencia, el papel social y político de las mujeres ha quedado excluido en el análisis de los procesos de construcción de las relaciones de poder, de los elementos que las reproducen y perpetúan, y de la participación desigual de mujeres y hombres en la definición de los proyectos de país.

Tanto el título preliminar como el preámbulo son una clara muestra de esta omisión histórica, y de un intento de resolverla de forma puntual, motivado por la insistencia de Elkarrekin Podemos en este ámbito… pero sin la profundidad que exige la cuestión y que proponemos. Por ello, volvemos a manifestar nuestra total discrepancia con el tratamiento casi anecdótico que recibe la igualdad entre mujeres y hombres. Un tema que debe vertebrar el proyecto de país y el Estatuto.

Las naciones, los proyectos nacionales o los proyectos de país –como todo tipo de organización social o política– están atravesados por una determinada estructuración de las relaciones de género. Y con el planteamiento que se hace en este título preliminar existe un riesgo alto de reproducir, legitimar o reforzar relaciones desiguales de poder, roles de género tradicionales y discriminación.

Frente a esta visión de parte de nuestra realidad, proponemos como premisa que Euskadi es plural, y en esa pluralidad mujeres y hombres, atravesados por un sistema patriarcal, construyen país, con una situación estructural de desigualdad en el acceso a oportunidades y derechos que debe ser resuelta y abordada de forma vertebral desde el inicio del proyecto y el documento.

Partimos de un Estatuto (el de 1979) androcéntrico en el que los derechos de las mujeres no son ni tan siquiera citados y se reducen a "la condición femenina". Redactar un nuevo Estatuto 39 años después en el que sí se cite a las mujeres pero eso, citadas y de forma marginal, hace que exista el riesgo real de que el sesgo androcéntrico permanezca. Es decir, que continuemos con un Estatuto en el que las mujeres y sus derechos, necesidades e intereses queden relegadas a puntos aislados, con la promesa de que el Parlamento desarrollará posteriormente la legislación que corresponda. Y es que el punto 2.8 de la propuesta de título preliminar presentada por PNV y EH Bildu sobre igualdad entre mujeres y hombres, de los tres párrafos que contiene (frente a las 7 páginas de extensión del documento), el tercero de ellos afirma precisamente eso mismo, que la profundización en la igualdad real entre mujeres y hombres se hará más adelante. Postergar este desarrollo, ese "ahora no toca", es algo sencillamente inaceptable en el año 2018.

Las mujeres vascas no deben esperar a que se defina el proyecto de país para que después se resuelvan las vulneraciones de sus derechos. Las mujeres vascas han reivindicado con fuerza que es momento de que sus derechos, intereses, necesidades y propuestas se hagan presentes y prioridad desde el comienzo y con el protagonismo que le corresponde a la mitad de nuestra sociedad.

Además, nos parece especialmente grave que la propuesta de PNV y Bildu, al hablar de la desigualdad que sufren las mujeres, se olvide de decir que esta es estructural y, lo que es más grave aún, que se sostiene y reproduce a través de la violencia. Una propuesta de título preliminar, el alma de un Estatuto, que olvida las violencias machistas, la principal vulneración de derechos fundamentales sistemática y estructural que está padeciendo la mitad de la población vasca, es inaceptable. No está a la altura. Sencillamente es inadmisible un proyecto de país con esa omisión.

Vamos a continuar insistiendo y seguiremos defendiendo un proyecto de país feminista y un Estatuto con una perspectiva feminista.

2.4.   El intencionado enredo de confundir "Estatuto" y "estatus"

Una de las primeras cuestiones que llama la atención es la falta de coherencia en el empleo de términos entre el preámbulo y el título preliminar. Pero, más allá de esto, hay una cuestión de fondo que sí se repite y que no es anecdótica sino plenamente intencionada.

De forma constante y consciente se sustituye el término "Estatuto" por el de "estatus", que, a pesar de ser parecidos, son completamente diferentes. Si bien el primero hace referencia a una ley o régimen jurídico, el segundo hace referencia a la posición relativa de Euskadi en el conjunto del Estado. Es oportuno recordar que en el acuerdo de constitución de esta ponencia de autogobierno se habla expresamente de "una reforma del Estatuto de Gernika", y de hacerlo respetando "el ordenamiento jurídico". Cuestiones que este planteamiento sobrepasa claramente.

En este mismo sentido, se produce otra confusión interesada entre un estatus bilateral y contar con mecanismos de blindaje bilateral de las competencias. Lo primero significa modificar la forma de insertarse Euskadi en el conjunto del Estado (su estatus), y lo segundo cómo podemos articular instrumentos y medidas para evitar que se incumpla o se vacíe de contenido nuestro autogobierno a la luz de lo ocurrido (algo que sí es propio de un Estatuto). Son cosas diferentes. De hecho, en la actualidad ya existen instrumentos bilaterales como el concierto económico, sin que por ello dispongamos de un estatus bilateral con el Estado.

En ambos casos la razón de fondo es la misma, la pretensión de unir los debates sobre derecho a decidir y sobre autogobierno, a pesar de ser cuestiones diferentes. Elkarrekin Podemos afirmamos que el instrumento natural para abordar el derecho a decidir en su vertiente territorial es un pacto o ley de claridad de inspiración canadiense, y que, en cambio, el nuevo Estatuto debe ser la herramienta para profundizar y proteger nuestro autogobierno, entendido este en un sentido amplio en cuyo núcleo están de forma prioritaria el blindaje de los derechos sociales o la igualdad entre mujeres y hombres.

Por ello, nos reafirmamos en que para que los trabajos de esta ponencia sean coherentes con el acuerdo parlamentario de enero de 2017 por el que se constituyó, es decir, para dotarnos de un "nuevo Estatuto" respetando "el ordenamiento jurídico" y "la voluntad política democráticamente expresada por la ciudadanía vasca", es imprescindible articular dos mesas de trabajo paralelas y simultáneas. Una para trabajar lo relativo a un pacto de claridad, y otra para la actualización del autogobierno.

3. Nuestra propuesta para lograr un acuerdo amplio, plural y transversal

3.1. La Euskadi del futuro: una comunidad política abierta, plural, inclusiva y singular

La sociedad vasca aspira a algo más que a seguir dando vueltas en torno a frustraciones. Necesitamos ilusionarnos en torno a un proyecto de país realizable y que suponga un avance sustancial en materia de convivencia, identidad y progreso social. Y esto frente a maximalismos, requiere de un ejercicio de posibilismo. Esto lo afirmamos hace una semana, y hoy es más vigente si cabe.

Lejos de corregir el rumbo, se está reincidiendo en el mismo error de dibujar la Euskadi del futuro solo para una parte de la sociedad. Y, frente a esa opción, en Elkarrekin Podemos decimos que está en nuestras manos la posibilidad de reconocernos a nosotras mismas en nuestra pluralidad y en nuestra singularidad. Hacerlo con naturalidad. Hacerlo sin dejar a nadie fuera, ni a nadie atrás. Somos plurales y compartimos una identidad propia. No hay contradicción ni tensión entre ambas afirmaciones. Nuestra identidad es plural y singular al mismo tiempo.

Y es que sería un hito para nuestra comunidad conseguir hacer una definición de nosotros y nosotras mismas en la que todos y todas sin excepción nos sintamos interpelados. Y cuando llevamos cuatro intentos frustrados de reforma estatutaria en menos de 15 años, no es precisamente poco. Ese fracaso reiterado está queriendo demostrarnos que obstinarse en hacer definiciones excluyentes o de parte de nuestra Euskadi es un camino sin salida. Tal vez, el aprendizaje debería ser que Euskadi no se puede construir contra nadie, y menos contra una parte de sí misma.

Está en nuestras manos alcanzar un ambicioso e inédito acuerdo en torno a la definición de nuestra comunidad que no solo sea inclusivo de esa pluralidad –intrínsecamente vasca– de formas de entendernos a nosotros mismos, sino que además se relacione con naturalidad con todos aquellos aspectos singulares que compartimos.

La Euskadi del futuro, la de una sociedad vasca próspera, que convive democráticamente y en paz, que se pone en vanguardia mundial en la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres, se define en clave de pluralidad y pluralismo, de apertura, de inclusión y de singularidad. Tal vez lo más singular que tengamos como comunidad sea este diálogo sano y fructífero entre pluralidad, apertura y singularidad.

Elkarrekin Podemos nos reafirmamos en los términos ya expresados en anteriores documentos sobre las bases en torno a las cuales es posible hacer este reconocimiento de nosotros y nosotras mismas generando un amplio y transversal acuerdo en torno a él.

3.2. Una Euskadi que prioriza la creación de oportunidades y los derechos sociales

La sociedad vasca demanda un salto cualitativo en la forma de plantear el reconocimiento de los derechos sociales. No valen ya meras declaraciones formales de derechos. Aspira a un blindaje eficaz que le garantice que va a poder ejercer de forma efectiva esos derechos.

Hoy el nuevo Estatuto, que en más de la mitad de su articulado debería estar orientado a cuestiones de carácter social, debe ser una cosa muy diferente a la que plantean PNV y EH Bildu. Las que son las principales preocupaciones de la ciudadanía deben imponerse sobre otro tipo de agendas. Frente a una propuesta de título preliminar que apenas cita la educación y sanidad públicas, la vivienda digna o el empleo, es necesario otro enfoque, otra concepción, otro proyecto de país que sí esté en disposición de ofrecer las respuestas a los retos presentes y futuros que enfrenta la ciudadanía vasca en su día a día.

El ejercicio de los derechos sociales sólo es posible si las instituciones públicas asumen un compromiso claro, real y vinculante de promoverlos. Y ese compromiso se traduce en políticas públicas, en dotaciones presupuestarias mínimas y en la garantía de una serie de servicios públicos que deben reunir las características de universalidad, gratuidad y calidad, como mínimo. Todo esto está ausente en la propuesta de PNV y Bildu, cuando debería ser el núcleo del futuro Estatuto.

Priorizar las preocupaciones de la ciudadanía, priorizar las cuestiones relacionadas con los derechos sociales, facilita hoy un acuerdo amplio, plural y transversal como el que nos hemos marcado los partidos políticos como objetivo. No hacerlo, priorizar lo identitario y territorial, marginar lo social, dificulta hasta el extremo poder acercar ni tan siquiera posiciones.

3.3. Una Euskadi en la que mujeres y hombres son efectivamente iguales

Necesariamente debe ser un punto de partida compartido por todos los grupos que hoy en Euskadi, como en cualquier otra sociedad del mundo, las mujeres, la mitad de la población, viven una situación estructural de desigualdad en el ejercicio de sus derechos y libertades. Esta desigualdad se sustenta y al mismo tiempo se reproduce a través de la violencia hacia las mujeres, que se ejerce de múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida.

El proyecto de país y el nuevo Estatuto deben ser reflejo de las aspiraciones de una amplia mayoría de la ciudadanía vasca, que está manifestando a través de múltiples vías su anhelo de igualdad y de ser una sociedad libre de violencias machistas.

Un compromiso real con la transformación profunda de esta realidad se materializa en un Estatuto en el que desde el preámbulo y el título preliminar mismo se sienten las bases que reflejen que se trata de un eje vertebrador del proyecto de país. En el nuevo Estatuto desde su preámbulo hasta su último artículo debe estar presente la perspectiva de las mujeres.

En primer lugar, proponemos visibilizar y reconocer esta realidad, así como explicitar la deuda histórica para con las mujeres. De hecho, consideramos necesario que se nombre el sistema que sustenta la desigualdad: el heteropatriarcado. Y manifestar el compromiso con un proyecto de país feminista libre de violencias hacia las mujeres.

Es fundamental, también, poner en valor la contribución de las mujeres y el feminismo en la construcción de una sociedad mejor, más justa, democrática, igualitaria y solidaria.

Transversalizar la perspectiva feminista o de género en el Estatuto empieza por entender que las desigualdades por motivos de género se profundizan cuando interseccionan con otras categorías de discriminación, como son clase, origen nacional, orientación sexual, identidad de género, edad, raza o diversidad funcional.

Junto con estas premisas podrían establecerse cinco ejes principales, que deberán ampliarse, desarrollarse y profundizar a lo largo del documento: el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres; actuación sobre la base del principio de equidad; acciones afirmativas para remover y corregir obstáculos; prevención, atención, protección, reparación y asegurar la no repetición de situaciones de violencias machistas (elemento central para una Euskadi libre de violencias machistas), y por último, y no menos importante, pongamos en la agenda de este proceso un tema central para la sostenibilidad de la vida y de cualquier proyecto país, como son los cuidados.

VOTO PARTICULAR DE EP A LAS BASES III, IV Y V

1. Consideraciones previas. Arrastrando los errores del preámbulo y el título preliminar

2. Un voto particular a tres títulos estrechamente relacionados

3. Desborde del marco legal en el ámbito competencial: competir frente a cooperar

4. Desborde del marco legal en el ámbito de poderes

4.1.continuismo a la interna del país

4.2. CGPJ vasco frente a un Consejo Vasco de Justicia

5. Desborde del marco legal en el ámbito de Hacienda

1. Consideraciones previas. Arrastrando los errores del preámbulo y el título preliminar

En anteriores votos particulares ya señalábamos cómo el juego de confundir de forma interesada conceptos como estatus y Estatuto o relación bilateral e instrumentos bilaterales responde a una intención política. Intención política que parte de la premisa errónea de que a través de una renovación estatutaria se puede modificar la forma en que Euskadi se vincula con el resto del Estado.

Nuestra posición al respecto es clara: el Estatuto es la herramienta para actualizar y profundizar nuestro autogobierno y un pacto o ley de claridad es el instrumento legal para poder proponer modificaciones del estatus. La reiterada oferta por nuestra parte de establecer dos mesas paralelas y simultáneas para abordar estas dos cuestiones ha sido desestimada, dando como resultado un embrollo de conceptos y propósitos que ha arruinado la posibilidad de llegar a los acuerdos amplios y transversales que se acordaron hace ahora más de un año en el mismo Parlamento Vasco.

Este embrollo ha sido además aderezado con una concepción estrecha y excluyente del país, que habla retóricamente de la pluralidad pero que en ningún momento la integra como una de las bases que orientan las propuestas que están siendo acordadas por Bildu y PNV.

Así, el error de cálculo que llevó a estos partidos a tratar de imponer un preámbulo y un título preliminar maximalistas, que impedían todo acercamiento por el resto de fuerzas políticas, derivó en un desbordamiento constante y premeditado del actual marco legal. Un desbordamiento que contradecía el respeto al marco legal que tanto PNV y PSE como Elkarrekin Podemos asumimos en un primer momento.

Este desbordamiento, lejos de haber sido matizado, reconducido o resuelto, se ha seguido extendiendo a los siguientes títulos del futuro Estatuto, es decir, a los títulos de Competencias, Poderes y Hacienda. Y del mismo modo se han extendido los desacuerdos y la fabricación de una dinámica de bloques que no existía hasta ahora.

Los mismos argumentos y motivos que nos llevaron a emitir votos particulares a la totalidad del preámbulo y del título preliminar, siguen estando vigentes en el actual voto particular. Del mismo modo que en otras ocasiones, este voto particular trata de adoptar un tono propositivo y constructivo, pero no por ello renuncia a señalar con toda la crudeza los errores y déficits de los acuerdos entre PNV y Bildu hasta este momento.

Y es que muchas de las cuestiones abordadas en otras ocasiones, como la descontextualización y vaciamiento de contenido de las propuestas de otras fuerzas (particularmente la nuestra), el abuso de referencias a la foralidad o la ausencia de contenidos sociales, se vuelven a repetir en estos títulos a los que se adjunta este voto que tiene carácter de enmienda a la totalidad.

Resulta cuando menos irónico que los mismos textos que se exceden a la hora de plantear la relación de Euskadi con el resto del Estado, son ramplones a la hora de abordar la arquitectura institucional interna de Euskadi. En la propuesta de poderes y hacienda curiosamente se mantiene el actual statu quo de diputaciones y haciendas forales y no se llega a concretar ningún tipo de mejora para las instituciones municipales, las más cercanas a la ciudadanía. Viene a ser algo así como "que todo cambie para que no cambie nada" de puertas adentro de nuestro territorio.

Más llamativo es, si cabe, el hecho de que cuando se abordan las haciendas en ningún momento se recojan principios inspiradores de las políticas fiscales. Es decir, no se citan cuestiones tan básicas como asegurar una fiscalidad progresista, que tome en cuenta aspectos medioambientales o de género o que establezca algún tipo de actuación contra una auténtica lacra social como es el fraude fiscal.

Una vez más la propuesta de PNV y Bildu se centra, casi en exclusiva, en cuestiones de tipo competencial, pero no en dar una orientación política a cómo se van a ejercer esas competencias. Una concepción del autogobierno que se plantea como una acumulación de poder por el poder, y no como un instrumento de mejora de la vida de la ciudadanía.

2. Un voto particular a tres títulos estrechamente relacionados

Como ya se ha señalado, este voto particular se hace a la propuesta de contenidos de PNV y Bildu a tres de títulos del futuro Estatuto. Tres títulos estrechamente vinculados entre sí. Resulta prácticamente imposible desconectar qué competencias se atribuyen a las instituciones vascas, cómo se organizan nuestras instituciones y poderes, y lo relativo a Hacienda. Es por ello por lo que en el enfoque de este voto, aunque incide en cada uno de esos títulos, está todo estrechamente vinculado entre sí, como ya se ha explicado en las consideraciones previas.

Así, por ejemplo, cuando en el título de Competencias se otorgan por PNV y Bildu a las instituciones vascas competencias exclusivas en materia de justicia, esto impacta directamente en el título de Poderes, al plantear un Consejo General del Poder Judicial vasco. O cuando se hace una lectura tan expansiva de las competencias en materia de fiscalidad y concierto económico se condiciona el título de Hacienda. Por lo tanto, una vez que Bildu y PNV cerraron un acuerdo que dejaba fuera al resto de fuerzas en el título de Competencias, implícitamente también estaban dejándolas fuera de los títulos de Poderes y de Hacienda.

3. Desborde del marco legal en el ámbito competencial: competir versus cooperar

En la propuesta de contenidos aprobada por PNV y Bildu para el título competencial la filosofía que permea todo el documento es la de competir, competir por ver quién ejerce más competencias y en un marco de exclusividad, desechando por completo otros enfoques mutuamente enriquecedores, como podrían ser los de colaboración o cooperación.

De hecho, conceptos como el de gobernanza o buen gobierno, que son en buena medida las principales referencias en el siglo XXI para estudiar y definir estas cuestiones, están ausentes. Gobernanza y buen gobierno implican necesariamente la cooperación y colaboración entre diferentes instituciones, entre diferentes niveles administrativos, con un fin: mejorar la vida de la ciudadanía.

En esa competencia extrema por disputar el máximo poder posible a otras instituciones se llega a situaciones como la redefinición de los cometidos y funciones de instituciones que no actúan solo en Euskadi, como puede ser el Tribunal Constitucional. Para ello, la única base legal que se aduce es la disposición adicional primera de la Constitución, referente a los derechos históricos. En este sentido, es llamativa la total ausencia de referencias a la Constitución más allá de esa disposición. De hecho, no hay ninguna referencia al título VIII, que es precisamente en el que se define el modelo territorial y el Estado autonómico.

En nuestra opinión, y así lo señalamos en nuestra propuesta de contenidos, ese título VIII, en sus artículos 145.2, 149.3, 150.1 y 150.2, abre vías que es preciso explorar para ampliar el elenco competencial de las instituciones vascas, sin que eso conlleve ni un quebranto del marco legal actual ni un enfrentamiento entre las diferentes instituciones.

Así, la referencia que se hace a la confederalidad elude una cuestión de fondo que se señalaba al comienzo de este apartado, que es la que tiene que ver con el propio modelo territorial al que se aspira. En nuestra opinión, se pierde la oportunidad de intentar definir las bases de un futuro modelo federal tanto de carácter dual (competencias en régimen de exclusividad) como de tipo cooperativo. Probablemente la exploración de esta vía hubiera sido la fórmula para poder haber llegado a un acuerdo amplio, plural y transversal.

En relación con los mecanismos de blindaje competencial se ha perdido nuevamente la oportunidad de articular fórmulas eficaces que preserven nuestro autogobierno de pulsiones recentralizadoras desde un amplio consenso político y social. Más aún, el propio concepto de concierto político, en los términos propuestos por PNV y Bildu, imposibilita cualquier posibilidad de acuerdo. Frente a esta propuesta existen alternativas que no han sido ni tan siquiera tomadas en cuenta, a pesar de que han sido ensayadas en otras comunidades, por ejemplo Navarra, como es la constitución de juntas mixtas de cooperación, es decir, por instrumentos bilaterales y no por una modificación del estatus en clave de bilateralidad.

4. Desborde del marco legal en el ámbito de poderes

4.1. Continuismo a la interna del país

Una de las cuestiones que se ponía encima de la mesa con un nuevo texto estatutario es precisamente la posibilidad de hacer una profunda revisión de nuestra arquitectura institucional interna, es decir, de la Ley de Territorios Históricos. Y curiosamente, a juzgar por lo acordado entre PNV y Bildu, esta posibilidad se desvanece.

Se desvanece porque, a pesar de la vaguedad de lo que recogen al respecto en su propuesta, esta no modifica en nada el actual modelo institucional. Sigue, a pesar de la retórica, sin tener una vocación municipalista o de cercanía a la ciudadanía. Sigue privilegiando el papel de las instituciones forales a costa de lo local, y tampoco corrige o refuerza los mecanismos de control democrático sobre las instituciones.

En el siglo XXI la preocupación de los textos constitucionales o cuasi-constitucionales es precisamente la de abordar cómo dar un mayor papel a la ciudadanía con mecanismos de participación directa en el gobierno de las instituciones. En esta propuesta no se llega a concretar ninguna acción innovadora o que modifique la forma en que actualmente se relacionan instituciones y ciudadanía. Mucho menos a favor de esta última. Se recogen una serie de principios de una forma tan superficial que apenas llegan a señalar una orientación clara para el futuro texto articulado en este ámbito.

Unida a esta despreocupación por acercar las instituciones a la ciudadanía, como ya se ha comentado, ni tan siquiera se ha hecho una apuesta por fortalecer en peso institucional o en recursos a las instituciones más cercanas como son los ayuntamientos. Se repite la misma estructura que existe actualmente. Esta opción, mantener todo igual, equivaldría a hacer una reforma de la Constitución sin abordar el modelo territorial o de las autonomías. En nuestro caso, se hace toda una reforma estatutaria en la que no se toca nuestro particular estado autonómico a la interna de nuestro país como son las instituciones forales.

También es llamativo cómo se prescinde de la posibilidad de constituir un Consejo de Garantías Estatutarias, institución clave en el control del Ejecutivo y del Legislativo en otras comunidades. También es llamativa la poca importancia otorgada al fortalecimiento de las capacidades de instituciones como el Ararteko o una futura Defensoría de la Igualdad. Más allá de señalar cuestiones competenciales en torno a la primera de ellas, en la propuesta de PNV y Bildu no se ha previsto ninguna acción para reforzar sus capacidades.

4.2. CGPJ vasco frente a un Consejo Vasco de Justicia

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de PNV y Bildu ha sido precisamente la relativa a la justicia, en la que ni tan siquiera ha llegado a haber un acuerdo entre ellos. En todo caso, ambos modelos representan un desbordamiento total del actual marco legal. La sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional fue muy clara a este respecto, señalando la imposibilidad de crear Consejos Generales del Poder Judicial en el ámbito de las comunidades. Opción adoptada tanto por PNV como por Bildu.

Sin embargo, sí es posible, y de hecho ya se da en otros territorios, la posibilidad de constituir consejos de justicia como proponíamos en Elkarrekin Podemos. Alternativa que hubiera concitado un amplio acuerdo y que no ha sido ni tan siquiera valorada, a pesar del desacuerdo existente entre PNV y Bildu. Un claro ejemplo de la nula voluntad de acuerdo que ha imperado en la ponencia en la redacción y aprobación de estos títulos.

5. Desborde del marco legal en el ámbito de Hacienda

Como ya se ha comentado, una vez más el enfoque competencial se ha impuesto sobre cualquier otra cuestión de índole política, de forma que a la hora de abordar lo relativo a la Hacienda el énfasis se ha puesto en otorgar a las instituciones vascas competencias en ámbitos fiscales desbordando el marco legal, pero no se ha previsto nada en relación con qué orientación van a ejercerse estas.

En este sentido, se llegan a citar de pasada una serie de principios orientadores de las políticas fiscales que no se desarrollan. Así, no se profundiza ni detalla nada relativo a figuras impositivas, o a cómo se va a hacer más progresiva la política fiscal, o, por ejemplo, no se llega ni a citar ni a prever nada en relación con la lucha contra el fraude fiscal...

Más aún, tampoco se aborda la cuestión relativa a la coordinación y armonización fiscal en un territorio de poco más de 2 millones de habitantes en el que operan tres haciendas forales. Tampoco se señala nada en relación con la ley ya existente para este fin, como es la Ley 3/1989.

Tampoco se señala nada en relación con una de las cuestiones que más han incidido en la sostenibilidad de las cuentas públicas en la última década: el endeudamiento público. En este sentido, no se hace ninguna previsión en relación con la mal entendida austeridad o con imponer algún tipo de control sobre endeudamientos injustificados.

En relación con el ámbito laboral y económico, más allá de generalidades tampoco se llegan a definir con claridad una serie de orientaciones políticas básicas que guíen la acción de las instituciones vascas. En un momento en el que sería imprescindible abordar desde el acuerdo los retos presentes y futuros que enfrentan la sociedad y la economía vascas, consideramos un auténtico error esta omisión.

También en relación con el Concierto Económico, un elemento que genera un acuerdo unánime de las fuerzas políticas vascas, se ha perdido la oportunidad de acordar una propuesta consensuada que lo fortaleciese frente a los recientes y constantes ataques que recibe en el ámbito estatal por parte del partido Ciudadanos.

Por último, se obvia reflejar objetivos de desarrollo económico y social que permitan establecer una coherencia entre las políticas fiscales y presupuestarias con el resto de política económica, tales como: cohesión y solidaridad entre territorios, igualdad de género, distribución equitativa de renta y riqueza, creación de empleo suficiente y de calidad, sostenibilidad ambiental, eficiencia y democracia económica con participación en la gestión de la producción, distribución y acceso al consumo.

VOTO PARTICULAR DE EP A LAS BASES VII Y VIII

1. Consideraciones previas

Elkarrekin Podemos, frente a las posiciones maximalistas de unos y la ausencia de propuestas de otros, optamos decididamente por poner encima de la mesa alternativas factibles y viables que actualicen nuestro autogobierno dentro del actual marco legal. Exactamente tal y como acordamos hace más de un año en el propio Parlamento Vasco.

En este sentido, en este documento trasladamos una propuesta de clara mejora y profundización de nuestro autogobierno dentro del actual marco legal en ámbitos como reconocernos a las instituciones vascas un amplio elenco de competencias en materia de acción exterior y de relaciones con la UE, o introducir garantías en el sistema de reforma estatutaria frente a intentos recentralizadores, así como trasladar los recientes acuerdos del Parlamento Vasco a la forma de abordar el traspaso de transferencias pendientes.

Y en todos estos ámbitos introducimos un principio que es el que está guiando las aportaciones de Elkarrekin Podemos en el seno de la ponencia, vincular de forma expresa más autogobierno a una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Porque para nosotras este es el fin, y no la acumulación de poder por el poder o derivas exclusivistas.

2. Sistema de reforma del futuro Estatuto

A la hora de abordar cómo recoger en el futuro texto estatutario el mecanismo de reforma del mismo, es preciso remitirse al marco que se delimita para ello en la Constitución. En lo aplicable a nuestro caso señala que "se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica" (artículo 147.3), y que "una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes" (artículo 152.2).

Reconocido este marco, nuestra propuesta contendría los siguientes elementos:

A. En relación con el propio proceso de reforma, el itinerario sería el siguiente:

1.º Proyecto de reforma aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco.

2.º Aprobación mediante ley orgánica en las Cortes Generales.

3.º Referéndum entre la ciudadanía vasca.

B. Con carácter previo a la aprobación en el Parlamento Vasco, el proyecto debería contar con informes favorables de: futuro consejo vasco de garantías estatutarias, Consejo Económico y Social, Emakunde y futura defensoría de la igualdad entre mujeres y hombres, y Ararteko, entre otros órganos consultivos.

C. Expresamente se excluirá la posibilidad de que entre los pasos primero y segundo puedan presentarse recursos previos de inconstitucionalidad.

D. A la iniciativa de reforma estatutaria, a diferencia del actual Estatuto de Gernika, añadimos dos opciones más. Así, además de del Gobierno Vasco o de un acuerdo del Parlamento Vasco con más votos a favor que en contra, podrá partir de:

• una mayoría de los ayuntamientos vascos que representen asimismo a la mayoría del censo de cada territorio histórico. El acuerdo en cada ayuntamiento deberá ser aprobado en pleno municipal.
• las firmas acreditadas del 15 % del censo, es decir, de la ciudadanía con derecho a voto.

En el actual Estatuto de Gernika se permite en el artículo 46.1.a que las Cortes Generales puedan tomar la iniciativa en una reforma estatutaria. En nuestra propuesta de futuro Estatuto, una vez aprobado no podrá ser reformado a iniciativa de las Cortes Generales ni del Gobierno central. Existen referencias de otros estatutos (Madrid, por ejemplo) en los que esto es así y es plenamente legal.

E. Asimismo se preverá un procedimiento simplificado para introducir reformas parciales siempre y cuando no afecten al núcleo de esta norma fundamental, es decir, a los títulos de derechos de ciudadanía, al de poderes o a las relaciones con el Estado.

En el caso de nuevas transferencias de competencias no contempladas en el futuro Estatuto, será de aplicación esta vía. La finalidad es asegurar una orientación política de las políticas públicas que se implementen en ese ámbito, es decir, la vinculación de objetivos de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía a cada ampliación de nuestro autogobierno.

3. Acción exterior y relciones con la UE

Elkarrekin Podemos proponemos la inclusión en el nuevo Estatuto de un capítulo sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de las instituciones vascas. Del mismo modo que en el resto de políticas públicas que ejercen nuestras instituciones, en este ámbito también debe haber una serie de objetivos y orientaciones vinculadas al interés general y al bien común de la ciudadanía vasca. Más aún cuando en la actualidad son uno de los ámbitos más opacos y con mayor penetración de intereses particulares y partidistas.

3.1. Acción exterior

En este sentido proponemos que de cara al ámbito de la política exterior:

- Se reconozca la capacidad de las instituciones vascas de impulsar nuestra proyección en el exterior y de promover los intereses del conjunto de la sociedad vasca anteponiendo el marco internacional de los derechos humanos y desde el respeto a la competencia estatal en esta materia.

- Asimismo, abogamos por incluir aspectos como la participación en organismos internacionales en ámbitos de interés para Euskadi, la participación en delegaciones del Estado cuando se vayan a abordar cuestiones que nos afecten, ser informados con carácter previo, o la posibilidad de disponer de oficinas en el exterior.

De este modo, el Gobierno Vasco participará en las negociaciones para la reforma de los tratados UE, respetando las competencias estatales en la materia, y podrá participar en las delegaciones estatales cuando se trate de novaciones del Derecho UE que afecten a competencias exclusivas de nuestra comunidad. Asimismo, podría pactarse con los órganos competentes del Estado la representación del mismo por el Gobierno Vasco y de manera coordinada con otras comunidades, en aquellas negociaciones que versen sobre materias sobre las que sean ellas las competentes, como por ejemplo las políticas pesqueras.

En particular, proponemos recoger en el nuevo texto que, como ya permite la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (artículo 7), las instituciones vascas tendrán el derecho a participar de la negociaciones de tratados y acuerdos internacionales que versen sobre cuestiones de su ámbito competencial.

- Vincular el ejercicio de estas competencias a fomentar relaciones internacionales desde el respeto mutuo, justas, que promuevan activamente la paz y sean mutuamente beneficiosas. Así como que se asienten sobre las bases de la cooperación libre, la solidaridad, y el respeto a los derechos humanos, a los pueblos y al medio ambiente.

- Manifestar expresamente que la acción exterior se guiará, como el resto de políticas, por los principios de transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas, evaluación y participación de la ciudadanía y de los agentes sociales. Para todo ello se creará un consejo sectorial de participación.

- En aras de asegurar la correcta orientación política, así como el control y fiscalización de la acción exterior, el Parlamento Vasco aprobará una ley que regule este ámbito asegurando que los principios antes señalados son la guía de las instituciones vascas, que se utilizarán los recursos públicos de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, y que primará el interés general frente a otros intereses particulares y la acción de lobbies.

- Asimismo se recogerá expresamente en el futuro Estatuto el compromiso de la sociedad vasca de que las instituciones destinen anualmente un 0,7 % de su PIB a la solidaridad y cooperación internacional con los pueblos empobrecidos del Sur.

- En nuestro ámbito competencial las instituciones vascas dibujarán una acción exterior para la promoción de la cultura vasca y el euskera, como destino turístico y de inversión económica sostenibles, como sociedad que defiende los DDHH y como pueblo con memoria que conoció el exilio, el refugio y la solidaridad de pueblos hermanos en oposición al proyecto de Europa Fortaleza que se está impulsando actualmente. Así, los órganos encargados de la acción exterior de las instituciones vascas reformularán y actualizarán el concepto de diáspora tomando en cuenta a los miles de vascos y vascas exiliados por motivos económicos. Por ello, prestarán ayuda y asistencia para proteger sus derechos y garantizar su derecho al retorno.

3.2. Relaciones con la Unión Europea

La UE nos influye continuamente, en nuestro día a día, tanto a la ciudadanía vasca como a nuestras instituciones. La cosoberanía es no solo una opción mayoritaria en la sociedad vasca para abordar nuestra relación con el resto del Estado, es ya una realidad en el ámbito europeo.

Sin embargo, lo que es un buen principio, la cooperación entre diferentes con objetivos compartidos, en no pocas ocasiones está siendo la excusa perfecta para disfunciones democráticas, la imposición de los intereses del gran capital o un evidente choque de valores con algunos gobiernos en materia de derechos humanos, respeto de minorías o igualdad entre mujeres y hombres.

Es evidente que el proyecto de construcción europea atraviesa dificultades, y no solo por el brexit, el naufragio de la Unión Europea o el literal naufragio de las políticas de acogida a personas refugiadas en el Mediterráneo. Lo hace en buena medida por el propio camino que las instituciones europeas han adoptado: priorizar lo económico y el mercado sobre cualquier otra consideración.

Elkarrekin Podemos tenemos una vocación clara y abiertamente europeísta, expresamente favorable a la cooperación entre estados y pueblos europeos para asentar relaciones pacíficas, prósperas y solidarias. Por eso mismo, abogamos por otro modelo de construcción europea que tome como pilar no solo la economía, sino también los derechos humanos en toda su extensión y la profundización en democracias de alta calidad tanto en las propias sociedades que participamos del proyecto como de las propias instituciones europeas.

Así, frente al actual modelo neoliberal de construcción europea que se ha reforzado hasta límites preocupantes en la última década con la excusa de la crisis, proponemos que en el nuevo Estatuto se incluya no solo un capítulo de qué competencias vamos a ejercer las instituciones vascas en nuestras relaciones con las europeas, sino una clara orientación de cómo se van a ejercer las mismas.

En este sentido abogamos por:

A. Reconocer un amplio elenco de competencias en esta materia a favor de las instituciones vascas como, de hecho, ya hacen la mayor parte de estatutos de otras comunidades. En este sentido, las principales referencias podrían ser, por la amplitud de su desarrollo, el Estatut de Catalunya (artículos 184 a 192), y por su cercanía lo dispuesto en la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra (artículo 68).

Así, en un marco de cooperación y colaboración con el Gobierno central, aspectos como la representación directa, ser informados, participar de forma determinante en la formación de las posiciones que se lleven como Estado y que afecten a Euskadi, participar en las delegaciones del Estado, ser reconocidos en la aplicación, ejecución y desarrollo del derecho comunitario, tener relaciones con el Europarlamento, acceder a los órganos de justicia europeos, tener delegaciones permanentes o gestionar fondos europeos, entre otros, deben quedar recogidos y reconocidos en el nuevo Estatuto.

Sobre esa base y más creemos que hay un amplio margen, sin desbordar el actual marco legal, para asegurar que las instituciones vascas participen y tengan voz en las cuestiones que afecten a la ciudadanía vasca y que se decidan en el ámbito europeo.

B. Asimismo, el nuevo Estatuto debe garantizar en su propio articulado que el ejercicio de estas competencias se hace con una finalidad concreta como es preservar el bien común de la ciudadanía vasca, de forma transparente, primando el interés general y no la acción de lobbies particulares, gestionando con eficacia los recursos económicos que se destinen a este fin y permitiendo la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales en esta materia.

Por todo ello, consideramos preciso que haya un artículo que recoja todos estos principios, así como que se prevea que el Parlamento Vasco aprobará una ley que regule todos estos aspectos.

C. Asimismo, en la medida en que contemplamos la posibilidad de crear una eurorregión vasca u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea posibiliten, así como de establecer acuerdos y políticas transfronterizas para abordar y financiar en su caso políticas comunes y favorecer iniciativas sociales en los ámbitos económico, cultural o medioambiental, consideramos que estas posibilidades también deben quedar expresamente reconocidas y recogidas en el nuevo texto estatutario.

4. Disposiciones finales

En relación con las disposiciones finales proponemos tanto el mantenimiento de la actual disposición adicional referente a los derechos históricos como la inclusión de una transitoria que haga transparente y ágil el traspaso de las nuevas competencias que prevemos en nuestra propuesta estatutaria.

En relación con los derechos históricos, nuestra posición es clara. Entendemos que el fundamento de nuestro autogobierno y de la articulación institucional no son los derechos históricos, sino la voluntad y capacidad demostradas por la ciudadanía vasca de ejercer el derecho a gobernarse a sí misma. No obstante, sí consideramos que su inclusión, a la que no nos oponemos siempre y cuando se haga dentro del actual marco legal, puede ser positiva y un factor más para facilitar los acuerdos plurales y transversales a los que aspiramos.

Por otro lado, proponemos la inclusión de una disposición transitoria del siguiente tenor:

• Las competencias que en el Estatuto se asignan a las instituciones vascas y que aún no ejercen se transferirán en un plazo máximo de 6 meses, prorrogable de forma excepcional por acuerdo de ambas partes, y se negociarán en el seno del nuevo órgano político de cooperación que tendrá carácter permanente y estará integrado de forma paritaria por representantes del Gobierno central y del Gobierno Vasco.
• Para la elaboración de una base de negociación de las instituciones vascas se partirá del correspondiente acuerdo del Parlamento Vasco que fijará las prioridades así como las cuestiones técnicas precisas a tal efecto. Sobre el devenir de las negociaciones y de los correspondientes acuerdos, los dos gobiernos representados en el órgano político de cooperación rendirán cuentas de forma regular ante el Parlamento Vasco.

VOTO PARTICULAR DE EP A LA CONSULTA HABILITANTE

1. Consideración previa. Una llamada a la responsabilidad y a cuidar nuestra convivencia

2. El autogobierno como un doble pacto: interno entre la ciudadanía vasca, y de esta con el resto del Estado

3. La necesaria participación ciudadana: validación ciudadana de un pacto plural y referéndum

4. Validación ciudadana frente a consulta habilitante: unir frente a dividir

4.1. El para quién. Nosotras, para el bien común

4.2. El para qué. Nosotras, para examinar el pacto plural

4.3. El cómo. Nosotras, de forma legal y pactada

1. Consideración previa. Una llamada a la responsabilidad y a cuidar nuestra convivencia

El autogobierno no es solo cómo vamos a gestionar nuestra economía, nuestra educación o salud. Es también cómo vamos a gobernarnos a nosotros y nosotras mismas, es decir, cómo vamos a convivir, cuáles van a ser las normas de convivencia de las que vamos a dotarnos. En este sentido, es un hecho que no estamos debatiendo una ley más, sino que estamos ante la norma fundamental de nuestra sociedad.

Por este motivo, y porque no es casual que en 15 años haya habido cinco intentos frustrados de renovar el Estatuto, el abordaje de este debate requiere una firme, serena y clara llamada a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, porque es demasiado lo que está en juego. No sería admisible un nuevo fracaso con la frustración que ello conllevaría.

La recientemente recobrada convivencia en Euskadi exige dos cosas: no ponerla en riesgo en un juego de maximalismos o de disputas entre partidos, y también no dejar pasar la oportunidad de asentar esa convivencia alcanzando un pacto histórico por el amplio y transversal grado de acuerdo que concite.

La sociedad vasca es plural, plural en esencia, como rasgo propio de su vasquidad. Es una sociedad que, lejos de querer dejar de ser plural, se reafirma en ella en cada ocasión que tiene de expresarse. Una sociedad que según todos los estudios científicos, ya estén elaborados por la UPV/EHU, Gobierno Vasco, CIS, Eusko Ikaskuntza, Universidad de Deusto..., siempre ofrece la misma foto de sí misma: gentes con diferentes ideologías y con diferentes formas de sentirse vasco o vasca que tienen voluntad de convivir, que se reconocen entre sí y que con naturalidad consideran igual de legítimos esos diversos sentimientos identitarios.

Una sociedad como la nuestra requiere actuar con responsabilidad a la hora de gestionar su pluralidad, requiere no tensarla innecesariamente. Requiere no construir dinámicas de bloques que no se dan en la calle. Exige no forzar debates en los que el objeto de discusión sea la propia pertenencia a nuestra comunidad. Mucho de esto está presente en la filosofía de lo aprobado por PNV y Bildu en solitario. Mucho de esto hay cuando PNV y Bildu plantean una consulta no para conocer la opinión de la ciudadanía o para la necesaria ratificación de los acuerdos políticos, sino para justificar un choque de legitimidades con otras instituciones. A juicio de Elkarrekin Podemos esto es lo que hay detrás de la propuesta de la actual consulta habilitante.

Y frente a este planteamiento la respuesta no es, ni puede ser, negar la palabra a la ciudadanía vasca. Negarse a que esta se exprese. Al contrario, debemos dársela, pero no para utilizarla en estrategias de parte, sino para asegurar que nuestra norma fundamental de convivencia es fruto de un acuerdo amplio, plural y transversal como lo es nuestra propia sociedad.

En este sentido, frente a la consulta habilitante de PNV y Bildu, en Elkarrekin Podemos proponemos un proceso de validación ciudadana, es decir, someter al exámen de la ciudadanía los acuerdos que tomemos entre los partidos. Que sea la ciudadanía vasca la que indique si esos acuerdos son suficientemente plurales. Se trata de una validación que exige acuerdos amplios y transversales, que salvaguarda a la ciudadanía vasca de ser utilizada en estrategias de parte o de confrontación, y que impulsa el acuerdo plural y la convivencia.

Por todo ello, en Elkarrekin Podemos hacemos una propuesta clara para que la ciudadanía vasca tenga la posibilidad de ser llamada a validar el acuerdo que salga del Parlamento Vasco sobre el nuevo Estatuto antes de remitirse a las Cortes Generales. Clara tanto sobre las condiciones que debe reunir su convocatoria como sobre su carácter legal y pactado con el Estado, como sobre los requisitos para ser eficaz políticamente que no vinculante jurídicamente.

Unas condiciones que eliminan la posibilidad de que con su convocatoria se genere una fractura social o se frustre a la ciudadanía validando propuestas inviables. Unas condiciones que en una sociedad como la vasca necesariamente implican un pacto entre diferentes, un pacto transversal y muy amplio. Unas condiciones que hacen de la ciudadanía vasca la máxima garante de que su propia pluralidad nunca va a ponerse en riesgo, de que nunca se van a buscar mayorías de la mitad más uno cuando lo que está en juego es la convivencia o el tener un proyecto de país compartido.

2. El autogobierno como un doble pacto: interno entre la ciudadanía vasca, y de esta con el resto del Estado

Nuestro autogobierno es un derecho de la ciudadanía vasca, de toda ella, no solo de una parte, la nacionalista. Es el derecho que tenemos todos y todas los miembros de esta comunidad a gobernarnos a nosotros y nosotras mismas. Un derecho logrado tras demostrar nuestra capacidad colectiva para hacerlo.

Y el ejercicio de ese derecho a gobernarnos responde a un pacto. Un doble pacto: interno y externo. Interno, entre las propias personas que formamos parte de nuestra comunidad, porque no toda la ciudadanía tenemos la misma idea ni forma de entenderlo. Externo, con el resto de pueblos, naciones, nacionalidades y ciudadanía del Estado con los que convivimos, porque el autogobierno lo ejercemos en un marco de soberanías compartidas.

Un pacto que exige de un profundo y sincero proceso de deliberación interna y externa. Una deliberación que no concuerda ni con el maximalismo ni con la unilateralidad, y tampoco, de ningún modo, con el NO como respuesta, con negarse a que la ciudadanía pueda expresar su opinión. La deliberación exige necesariamente un ejercicio de pragmatismo y de búsqueda de puntos de acuerdo.

3. La necesaria participación ciudadana: validación ciudadana de un pacto plural y referéndum

No hay en el siglo XXI actuación política o institucional que pueda llevarse a cabo sin la participación activa de la ciudadanía. Menos aún cuando de lo que se trata es de renovar las normas de convivencia. Y esa participación tiene que ser constante a lo largo de todo el proceso, no solo al final del mismo, como una simple confirmación final. En este sentido, si hablamos del autogobierno como un pacto doble, la ciudadanía al menos tiene que tener la posibilidad de validar y ratificar ambas dimensiones.

Por este motivo, la propuesta de Elkarrekin Podemos prevé dos momentos de participación de la ciudadanía vasca con características y consecuencias diferentes acordes al propio objeto y momento de decisión:

1. Referéndum de ratificación del pacto externo al final del proceso. Es decir, el mismo procedimiento que ya se utilizó en 1979 para la aprobación definitiva del Estatuto de Gernika. Este referéndum sí tendría carácter vinculante y se convoca sobre el texto que salga de las Cortes Generales.

2. Validación del pacto interno. Esta sería la parte novedosa. Se trata de la validación de la primera fase del pacto de autogobierno, es decir, con carácter previo a su envío a las Cortes Generales y sin carácter vinculante. Se trata de una validación, esto es, que hace válido, le da fuerza y firmeza (según la propia definición de la RAE) a lo que se ha acordado en el Parlamento Vasco. El examen de la ciudadanía vasca de lo que se acuerde por los partidos en su nombre. Lo hace además con unas condiciones de acuerdo a las propias características de la sociedad vasca.

Cuando una sociedad tan plural como la nuestra aborda sus normas de convivencia requiere tanto de procedimientos consensuados como de mayorías reforzadas. Por este motivo, planteamos:

• Que esta validación sea solicitada al Gobierno central por una mayoría de 2/3 del Parlamento Vasco.
• Que para ser eficaz políticamente la participación debe ser igual o superior a la media de las últimas cinco elecciones autonómicas, es decir, estar en torno al 60 % del censo.
• Y darse una mayoría cualificada favorable.

Como ya se ha explicado, el sentido de nuestra propuesta es claro –que la ciudadanía sea escuchada–, al igual que el de las condiciones para la validación: evitar que la convivencia sea tensionada con mayorías de la mitad más uno. Esta fórmula disuade tanto de someter a validación propuestas inviables jurídicamente o que no sean transversales, como de tratar de desnaturalizar la propuesta de Estatuto en su tramitación en las Cortes. En este sentido, debería ser un punto de encuentro para todas las fuerzas políticas.

4. Convalidación ciudadana frente a consulta habilitante: unir frente a dividir

A pesar de que puedan resultar parecidas, la propuesta de convalidación ciudadana de Elkarrekin Podemos y la consulta habilitante de PNV y Bildu son dos formas muy diferentes de entender una consulta a la ciudadanía. Su diferencia no está tanto en el hecho de consultar sino en la finalidad y el sentido de esa consulta. En nuestra propuesta la ciudadanía vasca es ella misma la destinataria de la consulta, no el aval o la habilitación de terceros; lo hace para validar que efectivamente es un acuerdo inclusivo a la medida de su pluralidad, no es la excusa para un choque de legitimidades de otros; es la examinadora, no la examinada; y lo hace de forma legal y pactada, no en una clave de fractura social. Se dirimen dos formas de entender la consulta: unir frente a dividir.

4.1. El para quién. Nosotras, para la ciudanía vasca

Desde el punto de vista de la participación ciudadana, creemos que es difícilmente admisible que se convoque a esta para habilitar o avalar a un tercero, que no está muy claro quién es, a negociar en nombre de toda una sociedad en unos términos tampoco claros.

Frente a esta propuesta, ofrecemos una alternativa clara, sencilla y potente: que la ciudadanía actúe en su propio nombre y derecho, validando o no, examinando el acuerdo de los partidos vascos, y que lo haga dilucidando si ese acuerdo está en consonancia con el cuidado que una sociedad plural como la nuestra exige para su convivencia.

4.2. El para qué. Nosotras, para garantizar el pacto plural

El propio nombre, la consulta habilitante, indica su objetivo: "Dar a alguien el capital para que pueda negociar por sí mismo". Es decir, se trata de llamar a la ciudadanía a avalar la estrategia de un tercero, en este caso un choque de legitimidades entre partidos políticos, o en el peor de los casos entre instituciones.

Frente a este enfoque proponemos la validación, el acto de hacer firme, de dar valor, por la ciudadanía vasca a un acuerdo de los propios partidos que la representan. Hacerlo no para confrontarnos entre nosotras ni con otras instituciones, sino como el examen de que lo pactado entre los partidos tiene el respaldo social suficientemente plural para poder ser remitido a las Cortes Generales.

4.3. El cómo. Nosotras, de forma legal y pactada

La condición de democrático en un proceso de consulta la da tanto el hecho de la propia convocatoria a la ciudadanía como el de que toda ella se sienta llamada a participar. Es decir, que el instrumento nadie lo percibe como de parte.

En nuestra propuesta de validación ciudadana, al contrario de la consulta habilitante, esta se convoca de forma legal y pactada, es decir, por petición de 2/3 partes del Parlamento Vasco al Gobierno central. En este sentido, mientras no se modifique el actual marco legal es preciso recordar la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional a cuenta del Estatut de Catalunya, en relación con los límites en la convocatoria de consultas y referéndums por parte de las comunidades.